DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Consentimiento informado se define como la aceptación libre por parte de una paciente de un acto diagnóstico o terapéutico después de haberle comunicado adecuadamente su situación clínica. Los requerimientos básicos necesarios para que sea válido son: libertad de decisión, competencia para decidir e información suficiente. Es una autorización dada por el paciente sin ninguna coacción o fraude, basada en el entendimiento razonable de lo que sucederá, incluyendo la necesidad del tratamiento, los riesgos y beneficios del mismo, cualquier alternativa disponible. Quedando constancia de la anuencia mediante la firma de un documento(5).
Elementos del Consentimiento Informado
Voluntariedad: acto mediante el cual un individuo libre ejerce su autodeterminación al autorizar cualquier intervención médica para sí mismo, en forma de medidas preventivas, de tratamiento, de rehabilitación o de participación en una investigación.
Información en cantidad suficiente: solo la reflexión basada en la relación que se ha establecido con un paciente en particular nos permitirá establecer cuáles son las necesidades reales de conocimiento del paciente respecto a su patología. La comunicación de la verdad en medicina constituye un imperativo ético, pero la determinación de la oportunidad de su comunicación sigue siendo un juicio clínico. La información que debe darse a un apaciente determinado ha de entenderse como un proceso evolutivo, no como un acto clínico aislado (6) dándole al enfermo la opción de escoger. Esto deberá adaptarse a la situación particular de cada paciente.
Información con calidad suficiente: se considera que existen dos aspectos que pueden alterar la calidad de la información. La primera de carácter objetivo y se origina en el médico, la segunda es de carácter subjetivo y se origina en el paciente como receptor de la información. La información debe ser provista usando un lenguaje inteligible para el paciente, esto es de acuerdo a su nivel cultural y sus posibilidades de comprensión(7).
Competencia: según la teoría del consentimiento informado solo los pacientes competentes tienen el derecho ético y legal de aceptar o rechazar un procedimiento propuesto o sea de otorgar o no el consentimiento. La competencia se define como “la capacidad del paciente para comprender la situación a la que se enfrenta, los valores que están en juego y los cursos de acción posibles con las consecuencias previsibles de cada uno de ellos, para a continuación tomar, expresar y defender una decisión que sea coherente con su propia escala de valores” (8). En la práctica médica institucional pública y privada tanto de médicos, dentistas, y otros profesionales de la salud, debe figurar la información completa en el consentimiento informado, enunciados de forma breve y en lenguaje comprensible, de manera que los conceptos médicos puedan entenderse por la generalidad de los pacientes.(ver anexos).
Se han podido identificar las acciones inseguras más frecuentes relacionadas con la no funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado:
Profesional asistencial que usa un lenguaje inapropiado para dar la información al paciente.
Profesionales poco comprometidos con la cultura del consentimiento informado
Ausencia de registro en la historia clínica
Paciente mal informado por parte del profesional quien da información incompleta o imprecisa.
Diligenciamiento incorrecto del consentimiento informado
Paciente informado inadecuadamente por otro profesional diferente a quien va a realizar el procedimiento asistencial, por ejemplo enfermera de turno dando información acerca de un procedimiento quirúrgico.
Ausencia de firma del profesional en los formatos de consentimiento informado.
No verificación de los procedimientos de consentimiento informado
No quiere decir que sean las únicas acciones inseguras que afecten la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado, pero se convierten en la brújula de navegación acerca de las posibles fallas que pueden cometer las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
El criterio principal para definir cuáles servicios requiere
un paciente es el del médico tratante adscrito a la EPS, este no es exclusivo,
en tanto el
concepto de un médico particular puede llevar a vincular a la intermediaria de
salud respectiva.
Para que proceda dicha excepción se requiere, como regla
general, que exista un principio de razón suficiente para que el paciente haya
decidido no acudir a la red de servicios de la entidad a la que se encuentra
afiliado.
Para que proceda dicha excepción se requiere, como regla
general, que exista un principio de razón suficiente para que el paciente haya
decidido no acudir a la red de servicios de la entidad a la que se encuentra
afiliado.
En estos eventos el concepto médico externo obliga a la entidad a confirmarlo, descartarlo o modificarlos, con base en consideraciones suficientes, razonables y científicas. (Lea: EPS no pueden negar servicio de salud ni ordenar recobro cuando se trata de atenciones pagadas por el Estado)
Por último, explica la alta corporación, se vulnera el
derecho a la salud cuando se niega el respectivo servicio médico solo bajo el
argumento de que lo prescribió un galeno no adscrito, a pesar de que:
- Exista
un concepto de un médico particular.
- Este
sea un profesional reconocido que hace parte del sistema de salud.
- La
entidad no haya podido desvirtuarlo de la forma antes descrita (M.
P. Gloria Stella Ortiz).
Corte Constitucional, Sentencia T-235,
Jun. 21/2018
la sentencia T-760 de 2008, se puntualizó sobre la relevancia del
diagnóstico dado por un médico no adscrito a la Empresa Promotora de Salud
accionada y se afirmó:
“El concepto de un médico que trata a una persona, puede llegar a obligar a
una entidad de salud a la cual no se encuentre adscrito, si la entidad tiene
noticia de dicha opinión médica, y no la descartó con base en información
científica, teniendo la historia clínica particular de la persona, bien sea
porque se valoró inadecuadamente a la persona o porque ni siquiera ha sido
sometido a consideración de los especialistas que sí están adscritos a la
entidad de salud en cuestión. En tales casos, el concepto médico
externo vincula a la EPS, obligándola a confirmarlo, descartarlo o modificarlo,
con base en consideraciones de carácter técnico, adoptadas en el contexto del
caso concreto.[2]
(…)
La jurisprudencia constitucional ha valorado especialmente el concepto de un médico no adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio, cuando éste se produce en razón a la ausencia de valoración médica por los profesionales correspondientes,[3] sea cual fuere la razón que dio lugar a la mala prestación del servicio.[4] También ha indicado la jurisprudencia que la orden médica obliga a la entidad, si en el pasado ha valorado y aceptado sus conceptos como ‘médico tratante’,[5] incluso así sean entidades de salud prepagadas, regidas por contratos privados.[6
RECHACE DEMAGOGOS, CLIENTELISTAS, AMIGUISMO,..., POR EJERCER TUS DERECHOS. porque atentan en contra del Interés General, porque te corrompes igual.
