DERECHO: Lo tiene todo docente que acredite en cualquier tiempo 20 años o más de cotizaciones o de aportes continuos o discontinuos en el instituto de seguros sociales y en una o varias entidades de previsión social del sector público.
Edad 55 años o más para las mujeres y 60 años o más si es varón
Status: al cumplimiento de la edad y tiempo de servicio.
VALOR DE LA MESADA: El 75% del promedio de los factores salariales devengados en el año anterior.
No se computará en esta pensión el tiempo laborado en empresas privadas no afiliadas al ISS. Se computan tiempos cotizados al ISS antes y después de la ley 100 de 1993.
En esta pensión no se computa el tiempo laborado en empresas privadas no afiliados al ISS.
Es la única pensión que permite a los afiliados al fondo computar tiempo cotizado al ISS, antes y después de la ley 100 de 1993.
NORMAS APLICABLES
1. Ley 91 de 1989 por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Artículo 3º.- Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrado de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional. (Ver artículo 6 presente Ley).
Artículo 5º.- El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los siguientes objetivos:
1.- Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado.
2.- Garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales, que contratará con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo.
3.- Llevar los registro contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de los aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos y constituir una base de datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las obligaciones que en materia prestacional deba atender el Fondo, que además pueda ser utilizable para consolidar la nómina y preparar el presupuesto en el Ministerio de Hacienda.
4.- Velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le corresponden e igualmente transfiera los descuentos de los docentes.
5.- Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones.
Según el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el Sistema Integral de Seguridad Social, contenido en la Ley 100, no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros de las Comisiones Públicas, ni los afiliados al fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración.ágrafo.-
2. Ley 71 de 1988 por la cual se expiden normas sobre pensiones, reglamentado por el decreto nacional 1073 de 2002
Artículo 2 .- Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales.
Artículo 3 .- Extiéndese las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973, de la Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985 en forma vitalicia, al cónyuge supérstite compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos y a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, en las condiciones que a continuación se establecen:
1. El cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente, tendrán derecho a recibir en concurrencia con los hijos menores o inválidos por mitades la sustitución de la respectiva pensión con derecho a acrecer cuando uno de los dos órdenes tengan extinguido su derecho. De igual manera respecto de los hijos entre sí.
2. Si no hubiere cónyuge o compañero o compañera permanente, la sustitución de la pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores o inválidos por partes iguales.
3. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, la sustitución de la pensión corresponderá a los padres.
4. Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, ni padres, la sustitución de la pensión corresponderá a los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante.
Artículo 7 .- Reglamentado por el Decreto Nacional 2709 de 1994. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas. Ver: artículos 4, 19 y ss. Decreto Nacional 1160 de 1989 Lo relacionado con pensión de jubilación por aporte.
Parágrafo.- INEXEQUIBLE. Para el reconocimiento de la pensión de que trata este artículo, a las personas que a la fecha de vigencia de la presente ley, tengan diez (10) años o más de afiliación en una o varias de las entidades y cincuenta (50) años o más de edad si es varón o cuarenta y cinco (45) años o más si es mujer, continuarán aplicándose las normas de los régimenes actuales vigentes. Corte Constitucional Sentencia C-012 de 1994
3. DECRETO 1160 DE 1989 (junio 2)
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de la facultad conferida en el ordinal 3 del artículo 120 de la Constitución Política y en la Ley 71 de 1988,
DECRETA:
CAPITULO I.
NORMAS GENERALES SOBRE PENSIONES
Artículo 1º.- Reajuste pensional. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, incapacidad permanente parcial, compartidas y de sobrevivientes, de los sectores público, privado y del Instituto de Seguros Sociales, se reajustarán de oficio y en forma simultánea con el salario mínimo legal, en el mismo porcentaje en que éste sea incrementado por el Gobierno Nacional.
Parágrafo- El reajuste de las pensiones compartidas lo efectuarán el Instituto de Seguros Sociales y el patrono obligado, sobre el valor de la parte de la pensión que cada uno le corresponda cubrir.
Artículo 2º.- Beneficiarios del reajuste. Tendrán derecho al reajuste de las pensiones de que trata el artículo anterior, aquellas personas cuyo derecho se haya causado y estén retiradas del servicio o desafiliadas del régimen de los seguros sociales obligatorios en los riesgos de invalidez, vejez, muerte y accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Artículo 3º.- Pensión mínima y máxima. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales.
Artículo 4º.- Causación del derecho. Se entiende causado el derecho a una pensión, cuando se reúnan los requisitos señalados para cada caso, en la ley, convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral y reglamentos del Instituto de Seguros Sociales.
Artículo 5º.- Sustitución pensional. Hay sustitución pensional en los siguientes casos:
a) Cuando fallece una persona pensionada o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez;
b) Cuando fallece un trabajador particular o un empleado o trabajador del sector público después de haber completado el tiempo de servicios requerido por la ley, convenciones o pactos colectivos para adquirir el derecho a la pensión de jubilación.
Artículo 6º.- Beneficiarios de la sustitución pensional. Extiéndense las previsiones sobre sustitución pensional:
1. En forma vitalicia al cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, al compañero o a la compañera permanente del causante.
Se entiende que falta el cónyuge:
a) Por muerte real o presunta;
b) Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico;
c) Por divorcio del matrimonio civil.
2. A los hijos menores de 18 años, inválidos de cualquier edad y estudiantes de 18 años o más de edad, que dependan económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de minoría de edad, invalidez o estudios.
3. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente o hijos con derecho, en forma vitalicia a los padres legítimos, naturales o adoptantes del causante, que dependan económicamente de éste.
4. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente hijos y padres con derecho, a los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante hasta cuando cese la invalidez.
Parágrafo- Los órdenes de sustitución consagrados en el presente artículo, se aplicarán a la pensión especial establecida en el artículo 1o. de la Ley 126 de 1985 en favor de los beneficiarios de los funcionarios o empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, conforme al artículo 4 de la Ley 71 de 1988.
Ver el Auto de la Corte Constitucional 010 de 1999, Expediente D-2298
Artículo 7º.- Pérdida del derecho del cónyuge sobreviviente. El cónyuge sobreviviente no tiene derecho a la sustitución pensional, cuando se haya disuelto la sociedad conyugal o exista separación legal y definitiva de cuerpos o cuando en el momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo el caso de hallarse en imposibilidad de hacerlo por haber abandonado éste el hogar sin justa causa o haberle impedido su acercamiento o compañía, hecho éste que se demostrará con prueba sumaria.
El cónyuge sobreviviente pierde el derecho de la sustitución pensional que esté disfrutando, cuando contraiga nupcias o haga vida marital.
NOTA: El texto subrayado fue declarado NULO por el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante Sentencia del 8 de julio de 1993, Expediente No. 4583, Magistrada Ponente Dra. Clara Forero de Castro. Sección Segunda. Igual fallo con el Expediente 7240 de Sentencia 12 de julio de 1994.
Artículo 8º.- Distribución entre beneficiarios de la sustitución pensional. La sustitución pensional se distribuirá entre los beneficiarios así:
1. El 50% para el cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente del causante y el otro 50% para los hijos de éste, distribuido por partes iguales.
2. A falta de hijos con derecho, se sustituirá la totalidad de la pensión, al cónyuge Sobreviviente o al compañero o compañera permanente del causante.
3. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, la sustitución de la pensión corresponderá a los hijos con derecho, por partes iguales.
4. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, ni hijos con derecho, se sustituirá la totalidad de la pensión a los padres con derecho.
5. Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, hijos o padres con derecho, la sustitución de la pensión corresponderá a los hermanos inválidos del causante.
Parágrafo- Cuando falte alguno de los beneficiarios del respectivo orden por extinción o pérdida del derecho, la parte de su pensión acrecerá a la de los demás en forma proporcional.
Artículo 9º.- Efectividad y pago de la pensión. Las pensiones de jubilación, invalidez y vejez, una vez reconocidas, se harán efectivas y deberán pagarse mensualmente desde la fecha en que el empleado o trabajador en forma definitiva se retire del servicio o se desafilie de los seguros de invalidez, vejez, muerte y accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Para el efecto, la respectiva entidad pagadora comunicará al empleador la fecha a partir de la cual se incluirá en nómina al pensionado para que proceda a su retiro del servicio.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, las entidades pagadoras de las pensiones establecerán los procedimientos internos y los mecanismos necesarios para que la recepción de los documentos se realice en las dependencias que tengan establecidas en el lugar de residencia del pensionado o en el sitio más cercano a ella.
El pago de las mensualidades pensionales se efectuará en el lugar indicado por el interesado cuando la entidad pagadora cuente con servicios propios o contratados para tal fin.
Ver art. 2, Ley 700 de 2001
Artículo 10º.- Reliquidación de la pensión de jubilación. Los empleados oficiales a quienes se les hubiere reconocido el derecho a la pensión de jubilación y no se hayan retirado del servicio, una vez producido éste, se les reliquidará dicha prestación, tomado como base del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.
Parágrafo- La reliquidación de la pensión de que trata el presente artículo, no tendrá efectos retroactivos sobre las mesadas anteriores al retiro del trabajador o empleado del sector público en todos sus niveles, cuando a éstas hubiere lugar. Ver artículo 9 Ley 71 de 1988y artículo 150 Ley 100 de 1993.
Artículo 11º.- Derechos de los beneficiarios de la sustitución pensional. Al cónyuge sobreviviente, al compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos de cualquier edad o estudiantes de 18 o más años de edad, a los padres o a los hermanos inválidos, con derecho a la sustitución pensional, se les harán los reajustes pensionales proporcionales a que haya lugar y tendrán los beneficios y las obligaciones establecidas en las leyes, convenciones colectivas y demás disposiciones, consagradas a favor de los pensionados.
Artículo 12. Compañero permanente. Para efectos de la sustitución pensional, se admitirá la calidad de compañero o compañera permanente a quien ostente el estado civil de soltero(a) y haya hecho vida marital con el causante durante el año inmediatamente anterior al fallecimiento de éste o en el lapso establecido en regímenes especiales.
Parágrafo. El compañero o compañera permanente pierde el derecho a la sustitución pensional que esté disfrutando cuando contraiga nupcias o haga vida marital.
NOTA: El texto subrayado fue declarado NULO por el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante Sentencia del 8 de julio de 1993, Expediente No. 4583, Magistrada Ponente Dra. Clara Forero de Castro.
Artículo 13º.- Prueba de la calidad de compañero permanente. Se acreditará la calidad de compañero o compañera permanente, con la inscripción efectuada por el causante en la respectiva entidad de previsión social o patronal. Igualmente se podrá establecer con dos (2) declaraciones de terceros rendidas ante cualquier autoridad política o judicial del lugar.
En caso de vínculo matrimonial del compañero o compañera permanente que reclame el derecho a la sustitución pensional, se deberá presentar la respectiva sentencia judicial sobre la nulidad o el divorcio, debidamente ejecutoriada.
NOTA: El texto subrayado fue declarado NULO por el Consejo de Estado, mediante Sentencia del 8 de julio de 1993, Expediente No. 4583, Magistrada Ponente Dra. Clara Forero de Castro.
Artículo 14º.- Prueba del estado civil y parentesco. El estado civil y parentesco del beneficiario de la sustitución pensional, se comprobará con los respectivos registros notariales o en su defecto con las partidas eclesiásticas y demás pruebas supletorias.
Artículo 15º.- Estado de invalidez. El estado de invalidez se determinará de acuerdo con la ley o los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales y se calificará por el servicio médico laboral o de salud ocupacional de la entidad de previsión o patronal a la cual corresponda el reconocimiento de la pensión, o en su defecto, por el servicio médico que la respectiva entidad hubiere designado. Ver artículo 38 Ley 100 de 1993.
Artículo 16º.- Condición de estudiante. Los hijos estudiantes de 18 o más años de edad, deberán acreditar la calidad de tales, mediante certificación auténtica expedida por el establecimiento docente reconocido por el Ministerio de Educación, en el cual se cursen los estudios. El cambio de carrera o profesión por razones distintas de salud, hará perder el derecho a la sustitución pensional. Ver el Auto de la Corte Constitucional 010 de 1999, Expediente D-2298
Artículo 17.- Dependencia económica. Para efecto de la sustitución pensional se entiende que una persona es dependiente económicamente, cuando no tenga ingresos o medios necesarios para su subsistencia.
Este hecho se acreditará con declaración juramentada que al respecto rinda el interesado ante la entidad que deba reconocer y pagar la sustitución pensional o con los demás medios probatorios establecidos en la ley. La dependencia económica del menor de edad se presume salvo que se demuestre lo contrario. Ver Artículo 56 Decreto Nacional 1045 de 1978.
Artículo 18º.- Modificado por el Decreto Nacional 753 de 1996, decía así: "Descuentos a favor de las asociaciones de pensionados.Para efectos de los descuentos a favor de la respectiva agremiación de pensionados de que trata el artículo 5 de la Ley 71 de 1988, las asociaciones de pensionados deberán acreditar ante las empresas, entidades o patronos, que satisfacen pensiones, la vigencia de su personería jurídica y la representación legal, mediante certificado expedido por autoridad competente.
Así mismo acompañarán la autorización expresa y escrita del pensionado, presentada personalmente ante la entidad pagadora o en su defecto, ante notario o autoridad política o judicial del lugar de residencia del pensionado". Ver artículo 5 Ley 71 de 1989
CAPÍTULO II
PENSION DE JUBILACION POR APORTES
Artículo 19°.- Entidad de previsión. Derogado por el art. 12, Decreto Nacional 2709 de 1994. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes, se tendrá como entidad de previsión a cualquiera de las cajas de previsión, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial o distrital y al Instituto de Seguros Sociales.
Artículo 20°.- Pensión de jubilación por aportes. Derogado por el art. 12, Decreto Nacional 2709 de 1994. La pensión a que se refiere el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988 se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de edad si se es varón y 55 años o más de edad si se es mujer, acrediten 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las demás entidades de previsión y gozarán de ella quienes se hubieren retirado del servicio o desafiliado de los seguros de invalidez, vejez y muerte, y accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
No tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes:
a). Las personas que al 19 de diciembre de 1988 hubiesen cumplido 50 años de edad si se es varón y 45 años de edad si se es mujer y tengan 10 años o más de cotizaciones en una o varias de las entidades de previsión.
b). Las personas que en cualquier época acrediten 20 años o más de servicios continuos o discontinuos en entidades oficiales del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital.
c). Las personas que en cualquier época acrediten 1.000 o más semanas de cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales.
d). Las personas que hubieren adquirido el derecho o estén disfrutando pensión de jubilación o de vejez.
NOTA: El texto subrayado fue declarado NULO por el Consejo de Estado, mediante Sentencia del 8 de marzo de 1994, Expediente No. 7048, M.P. Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
Artículo 21°.- Tiempos de servicio no computables como aportes. Derogado por el art. 12, Decreto Nacional 2709 de 1994. No se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros sociales para los riesgos de invalidez, vejez, y muerte ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al Sistema de Seguridad Social que los protege.
Artículo 22°.- Salario asegurado. Se tendrá como salario asegurado, en cada entidad empleadora el promedio mensual aritmético de lo devengado por el empleado durante el último año, o por el tiempo trabajado si es inferior a dicho período, teniendo en cuenta únicamente los siguientes factores salariales: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio.
Si la entidad de previsión es el Instituto de Seguros Sociales, el salario asegurado será el promedio de los salarios de base de las categorías sobre las cuales se efectuaron los aportes durante el último año de servicios.
Parágrafo. El salario asegurado se expresará en número de salarios mínimos legales mensuales más altos vigente en el momento del retiro de la entidad empleadora, dividiendo el valor del salario asegurado obtenido por dicho salario mínimo.
NOTA: El texto subrayado fue declarado NULO por el Consejo de Estado, mediante Sentencia del 8 de julio de 1993, Expediente No. 4583, Magistrada Ponente Dra. Clara Forero de Castro.
Artículo 23°.- Certificaciones y tramitación. Derogado por el art. 12, Decreto Nacional 2709 de 1994. La entidad empleadora al retiro del trabajador o cuando éste lo solicite, certificará por escrito: el tiempo trabajado, la entidad de previsión a la cual fueron hechos los aportes y el valor pagado por cada uno de los factores salariales durante el último año de servicios. Si el período de trabajo fuere inferior a un año, deberá certificar lo pagado por los citados conceptos, durante dicho período.
La dependencia de personal de la última entidad empleadora tendrá la obligación de recibir, revisar y completar los documentos pertinentes para demostrar el derecho a la pensión de jubilación por aportes. Así mismo, deberá tramitarlos ante la entidad de previsión obligada al pago de la pensión, la cual dispondrá de noventa 890) días para resolver, contados a partir de la radicación de la documentación.
Artículo 24°.- Base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. Derogado por el art. 12, Decreto Nacional 2709 de 1994. La base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes se obtendrá de la siguiente forma:
a). Si todos los aportes corresponden a períodos anteriores al 19 de diciembre de 1988, la base para la liquidación de la pensión será el último salario asegurado.
b). Si se acreditan tiempos de aportes posteriores al 19 de diciembre de 1988, la base para la liquidación de la pensión será la suma de los productos de cada tiempo de aportación posterior a esa fecha por el salario asegurado en la entidad empleadora respectiva, dividida por la suma de dichos tiempos, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Base para la liquidación de la pensión:
S1 t1 + S2 t2 + S3 t3 + .. + Sn tn
t1 + t2 + t3 + .. + tn
Donde:
n = número de entidades empleadoras donde trabajó tiempo continuo.
S1 = Salario asegurado por entidad empleadora 1
S2 = Salario asegurado por entidad empleadora 2
Sn = Salario asegurado por entidad empleadora n
ti = Tiempo trabajado en la entidad empleadora 1
t2 = Tiempo trabajado en la entidad empleadora 2
tn = Tiempo trabajado en la entidad empleadora n
Los salarios asegurados empleados en estos cálculos deberán estar expresados en salarios mínimos.
Artículo 25°.- Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la primera mesada de la pensión de jubilación por aportes, expresada en número de salarios mínimos mensuales, será igual al 45% de la base de liquidación, más el 3% de la misma base por cada año de aportes efectuados con posterioridad al 19 de diciembre de 1988, sin que el monto total sobrepase el 75% de dicha base. El valor mínimo de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a 15 veces dicho salario.
La pensión de jubilación por aportes será reajustada de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno nacional el salario mínimo legal mensual.
NOTA: El texto subrayado fue declarado NULO por el Consejo de Estado mediante Sentencia de 7 de octubre de 1992, Expediente No. 4365, Consejero Ponente Dr. Carlos Augusto Patiño Beltrán.
Artículo 26°.- Derechos de los beneficiarios de la pensión de jubilación por aportes. Derogado por el art. 12, Decreto Nacional 2709 de 1994. Los beneficiarios de la pensión de jubilación por aportes tienen los mismos derechos que los pensionados por jubilación del sector público y sus obligaciones son las establecidas en los respectivos reglamentos de la entidad de previsión pagadora.
Artículo 27°.- Entidad de previsión pagadora. Derogado por el art. 12, Decreto Nacional 2709 de 1994. La pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que se le efectuaron aportes siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ella haya sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes.
Los pagos periódicos podrán hacerse a través de entidades financieras reconocidas por el Estado, mediante los mecanismos que establezcan la respectiva entidad de previsión por iniciativa propia o del pensionado interesado.
Artículo 28°.- Cuotas partes. Derogado por el art. 12, Decreto Nacional 2709 de 1994. Todas las entidades de previsión a las que un trabajador efectuó aportes que fueron utilizados para la liquidación de su pensión de jubilación por aportes, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente.
Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación para reconocimiento de la pensión a los organismos deudores quienes dispondrán del término de 15 días hábiles para objetarlo, vencido el cual, se entenderá aceptado por ellos y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de reconocimiento de la pensión.
Cada cuota parte se calculará así:
a). Si todos los aportes utilizados corresponden a períodos anteriores al 19 de diciembre de 1988, la cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será la proporción del valor de la pensión, igual al tiempo aportado a esta entidad dividido por el tiempo total de aportación.
b). En caso de existir tiempos de aportación posteriores al 19 de diciembre de 1988, cada entidad de previsión tendrá a su cargo una cuota parte por entidad empleadora de la cual haya recibido aportes y por cada tiempo de aportación continuo de la misma. El valor expresado en salarios mínimos, se calculará con un favor que se aplica al valor de la pensión y que es igual al producto del tiempo de aportación continuo por el salario asegurado dividido por la suma de los productos de cada uno de los tiempos de aportación por el salario asegurado respectivo por cada entidad empleadora, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Factor de cuota parte por la entidad empleadora 1 y por el tiempo de aportación continuo 1 =
ti Si
___________________
t1 S1 + t2 S2 + .. + tn Sn
Donde:
n = Número de entidades empleadoras donde trabajó tiempo continuo.
S1 = Salario asegurado por entidad empleadora 1
S2 = Salario asegurado por entidad empleadora 2
Sn = Salario asegurado por entidad empleadora n
t1 = Tiempo trabajado en la entidad empleadora 1
t2 = Tiempo trabajado en entidad empleadora 2
tn = Tiempo trabajado en la entidad empleadora n
Artículo 29°.- Sistema de financiación. Derogado por el art. 12, Decreto Nacional 2709 de 1994. A partir de la vigencia de este Decreto y en un término de tres años, las entidades de previsión definirán mediante un estudio actuarial, el sistema de financiación de las cuotas partes a su cargo por concepto de la pensión de jubilación por aportes. El sistema al menos deberá prever el reparto simple más las reservas que cubran el valor de la obligación por un período de seis (6) meses.
El comportamiento del sistema de financiación escogido, deberá revisarse actuarialmente mínimo una vez por año, comparando el valor nominal con el monto real de las reservas.
El valor de los aportes que exija el sistema de financiación escogido, podrá ser repartido a criterio de la entidad de previsión entre los trabajadores, los empleadores y las instituciones gubernamentales correspondientes.
El sistema de financiación podrá ser modificado por la entidad de previsión de cuerdo a la variación que presente la situación económica de la región donde opere teniendo en cuenta la necesidad de mantener la reserva mínima exigida.
4. DECRETO 2709 DE 1994
(diciembre 13)
por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 71 de 1988.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades constitucionales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:
Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
Artículo 5°. Tiempo de servicios no computables. No se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege.
Artículo 6°. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. Derogado por el art. 24, Decreto Nacional 1474 de 1997. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
Artículo 7°. Certificaciones y tramitación. La entidad empleadora al retiro del empleado, o cuando éste lo solicite, certificará por escrito el tiempo trabajado, la entidad de previsión a la cual fueron hechos los aportes y el valor pagado por cada uno de los factores salariales durante el último año de servicios. Si el período de trabajo fuere inferior a un año deberá certificar lo pagado por los citados conceptos, durante dicho período.
La dependencia de personal de la última entidad empleadora tendrá la obligación de recibir, revisar y con la colaboración del interesado, completar los documentos pertinentes para demostrar el derecho a la pensión de jubilación por aportes.
Artículo 8°. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75% del salario base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley.
Artículo 9°. Derechos de los beneficiarios de la pensión de jubilación por aportes. Los beneficiarios de la pensión de jubilación por aportes tienen las mismas obligaciones y derechos accesorios establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias que rijan en la entidad de previsión pagadora.
Artículo 10. Entidad de previsión pagadora. La pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes.
Parágrafo. Si la entidad de previsión obligada al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes es la Caja Nacional de Previsión Social, el pago de dicha prestación lo asumirá el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional a partir de 1995.
Si las entidades de previsión obligadas al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes son del orden territorial, dicha prestación, en el evento de liquidación de las mismas, estará a cargo de la entidad que las sustituya en el pago.
Ver art. 2, Ley 700 de 2001
Artículo 11. Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente.
Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por el tiempo aportado a esta entidad, dividido por el tiempo total de aportación.
5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DECRETO NÚMERO 3752 DE 2003
(22 de diciembre de 2003)
Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11
del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 16 de la Ley 91 de 1989,
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén vinculados a las plantas
de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en los
artículos 4° y 5° del presente decreto, a más tardar el 31 de octubre de 2004.
Parágrafo 1°.- La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de la entidad territorial nominadora por la
totalidad de las prestaciones sociales que correspondan, sin perjuicio de las sanciones
administrativas, fiscales y disciplinarias a que haya lugar.
Parágrafo 2°.- Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades territoriales de
manera provisional deberán ser afiliados provisionalmente al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio mientras conserve su nombramiento provisional.
ARTÍCULO 2°.- Prestaciones sociales causadas. Se entiende por causación de prestaciones
el cumplimiento de los requisitos legales que determinan su exigibilidad.
Las prestaciones sociales de los docentes causadas con anterioridad a la afiliación al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus reajustes, reliquidaciones y
sustituciones estarán a cargo de la respectiva entidad territorial o de la entidad de previsión social
a la cual se hubieren realizado los aportes.
Las prestaciones sociales que se causen con posterioridad a la afiliación al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones
serán reconocidas de conformidad con lo que establezca la Ley y se pagarán por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Sin perjuicio de lo anterior, el reconocimiento y pago de prestaciones sociales que se causen a
favor de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se limitará al
período de cotizaciones que haya efectivamente recibido el Fondo y al valor del pasivo actuarial
que le haya sido efectivamente cancelado.
ARTÍCULO 3º.- Ingreso Base de Cotización y liquidación de prestaciones sociales. La base
de liquidación de las prestaciones sociales que se causen con posterioridad a la expedición de la
Ley 812 de 2003, a cuyo pago se encuentre obligado el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio no podrá ser diferente a la base de la cotización sobre la cual realiza
ARTÍCULO 4°.- Requisitos de afiliación del personal docente de las entidades territoriales.
Para la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de los docentes
vinculados a plantas de personal de entidades territoriales, deberá presentarse por parte de la
respectiva entidad territorial la solicitud de afiliación ante la sociedad fiduciaria encargada del
manejo de los recursos del Fondo, de acuerdo con el formato que se elabore para el efecto. En
dicha solicitud se indicará, como mínimo, la información básica de cada docente y deberá estar
acompañada de los siguientes documentos:
1. Historia laboral de cada uno de los docentes cuya afiliación se pretende, con el soporte
documental requerido de acuerdo con el formulario de afiliación que se establezca para tal
efecto;
2. Certificado expedido por la respectiva entidad territorial, en el que se incluyan tanto a los
docentes con pasivo prestacional a cargo de la entidad territorial como a aquellos que no
presenten pasivo prestacional a cargo de tales entidades, en el cual se indique el régimen
prestacional que por ley cobije a cada uno de los docentes cuya afiliación se pretende.
3. Autorización del representante legal de la entidad territorial de conformidad con la Ley 715 de
2001, para que con los recursos propios de esta se cubra todo aquello que no se alcance a
cubrir con lo que dispone el FONPET. Así mismo deberá autorizar que sus recursos en el
FONPET le sean descontados, luego del cruce contra el cálculo actuarial que refleja su
pasivo y que de los recursos que le corresponden a la entidad territorial de la participación
para educación en el Sistema General de Participaciones se realicen los descuentos directos
de que trata el parágrafo 1° del artículo 18 de la Ley 715 de 2001. El pago del pasivo que no
pueda ser cubierto con los recursos del FONPET se garantizará mediante la entrega de un
pagaré a favor del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual se
entregará junto con la autorización de que trata el presente numeral.
Parágrafo 1°.- La información de los numerales 1 y 2 deberá ser suficiente, de acuerdo con los
parámetros que fije el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la elaboración del cálculo
actuarial. La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo para autorizar
la afiliación certificará en cada caso que dicha información se encuentra acorde con lo señalado
en este inciso.
Parágrafo 2°.- Para cada grupo de docentes que se pretenda afiliar se deberá agotar este
procedimiento y el cálculo se adicionará con las novedades que ingresen.
ARTÍCULO 5°. Trámite de la afiliación del personal de las entidades territoriales.
Presentada la solicitud de afiliación por parte de la entidad territorial, dentro de los sesenta (60)
días siguientes, se adelantará el siguiente procedimiento:
1. Elaboración del cálculo actuarial que determine el total del pasivo prestacional, presentando
de manera separada cesantías y pensiones, del personal docente que se pretende afiliar y,
por tanto, el valor de la deuda de la entidad territorial con el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Tal cálculo será elaborado, con cargo a los recursos del Fondo, por parte de la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de sus recursos y la respectiva entidad territorial de
conformidad con los parámetros que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
el efecto.
2. Definido el monto total de la deuda, previa revisión del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, este será comunicado a la entidad territorial por parte de la sociedad fiduciaria
encargada del manejo de los recursos del Fondo. Tal comunicado deberá indicar,
adicionalmente, el plazo y la forma de pago que deberá ajustarse, en todo caso, a lo
establecido en el artículo 1° de la Ley 549 de 1999. El monto a pagar por vigencia se cubrirá
con los recursos que traslade el FONPET al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Si estos recursos no fueren suficientes, la entidad territorial aportará de sus
recursos hasta cubrir la totalidad de las obligaciones corrientes que correspondan.
3. El Ministerio de Educación Nacional, en su calidad de fideicomitente de la fiducia mercantil
por medio de la cual se administran los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, ejercerá la interventoría del mismo.
ARTÍCULO 6°.- Convenios interadministrativos. Los convenios de afiliación de docentes al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que hubieren sido suscritos y se
encuentren debidamente perfeccionados en los términos de las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994 y su respectiva reglamentación, deberán ajustarse a las disposiciones del presente
decreto.
El ajuste indicado en el inciso anterior se realizará sin perjuicio de los derechos de los afiliados
en virtud de tales convenios, salvo que de él resulte que existen personas afiliadas al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sin el cumplimiento de los requisitos previstos
en la Ley.
Parágrafo 1°.- Los pagos realizados por la entidad territorial en cumplimiento de los convenios
suscritos serán actualizados teniendo en cuenta la tasa de rentabilidad de las reservas del
Fondo. Así mismo, la amortización de la deuda por concepto de pasivo prestacional, incluidos los
intereses tanto moratorios como corrientes, será imputada al pasivo de pensiones en un setenta
por ciento (70%) y al de cesantías en un treinta por ciento (30%).
Parágrafo 2°.- Los valores cancelados por las entidades territoriales por concepto de aportes de
personal que no reúne los requisitos de ley para ser afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio serán reintegrados a la entidad territorial, previo cruce de cuentas con el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual será realizado por la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de sus recursos. En todo caso, la responsabilidad por los
derechos prestacionales del docente estará a cargo de la entidad territorial como empleador.
ARTÍCULO 7°.- Transferencia de recursos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Los aportes que de acuerdo con la Ley 812 de 2003 debe recibir el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio se descontarán directamente de los recursos de la
participación para educación del Sistema General de Participaciones y de los recursos que
aporte adicionalmente la Nación en los términos de la Ley 812 de 2003, para lo cual las
entidades territoriales deberán reportar a la fiduciaria encargada del manejo de los recursos del
Fondo, la información indicada en el artículo 8° del presente decreto.
ARTÍCULO 8°.- Reporte de información de las entidades territoriales. Las entidades
territoriales que administren plantas de personal docente pagadas con recursos del Sistema
General de Participaciones y/o con recursos propios, reportarán a la sociedad fiduciaria que
administre los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dentro de
los primeros diez (10) días de cada mes, copia de la nómina de los docentes activos afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; igualmente, reportarán dentro del
Decreto No. 3752 de 2003 Hoja No. 4 de 5
Continuación del Decreto “Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial
de la Ley 715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones
mismo período las novedades de personal que se hayan producido durante el mes
inmediatamente anterior.
Los reportes mensuales se realizarán de acuerdo con los formatos físicos o electrónicos
establecidos por la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Parágrafo 1°.- El reporte de personal no perteneciente a las plantas de personal del respectivo
ente territorial acarreará las sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales a que
haya lugar.
Parágrafo 2°.- Sin perjuicio de lo anterior, los aportes realizados por concepto de tales personas
no generarán derechos prestacionales a su favor y a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y serán reintegrados a la entidad territorial, previo cruce de cuentas con
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual será realizado por la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de sus recursos.
ARTÍCULO 9°.- Monto total de aportes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. La sociedad fiduciaria administradora de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, con base en la información definida en el artículo 8° del
presente decreto, proyectará para la siguiente vigencia fiscal el monto correspondiente a los
aportes previstos en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y en el numeral 4° del artículo 8° de la
ley 91 de 1989. Esta proyección será reportada a los entes territoriales a más tardar el 15 de abril
de cada año.
El cálculo del valor de nómina proyectado, con el cual se establecen los aportes de ley, se
obtendrá de acuerdo con el ingreso base de cotización de los docentes y según el grado en el
escalafón en el que fueron reportados; los incrementos salariales decretados por el Gobierno
Nacional y; un incremento por el impacto de los ascensos en el escalafón, según los criterios
definidos en la Ley 715 de 2001. Dicha información será generada por la sociedad fiduciaria
administradora de los recursos del Fondo, discriminada por entidad territorial y por concepto.
Parágrafo 1°.- La entidad territorial, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de recibo
del valor proyectado, deberá presentar las observaciones a que haya lugar, ante la sociedad
fiduciaria administradora de los recursos del Fondo, reportando la información que sustenten esta
situación. En los eventos en que el ente territorial no dé respuesta dentro del plazo estipulado, se
dará aplicación a lo previsto en el artículo siguiente.
Parágrafo 2°.- Hasta tanto se disponga de la información reportada por los entes territoriales, el
cálculo para determinar el valor a girar por concepto de aportes de ley se realizará con base en la
información que de cada ente territorial reposa en la sociedad fiduciaria administradora de los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y las novedades
reportadas. En el caso de los denominados docentes Nacionales y Nacionalizados se tomará
como base de cálculo la información reportada al Ministerio de Educación Nacional y a la
sociedad fiduciaria que administre los recursos del Fondo.
ARTÍCULO 10°.- Giro de los aportes. El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, con cargo a
la participación para educación de las entidades territoriales en el Sistema General de
Participaciones, girará directamente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
descontados del giro mensual, en las fechas previstas en la Ley 715 de 2001, los aportes
proyectados conforme al artículo anterior de acuerdo con el programa anual de caja PAC, el cual
se incorporará en el presupuesto de las entidades territoriales sin situación de fondos.
Decreto No. 3752 de 2003 Hoja No. 5 de 5
Continuación del Decreto “Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial
de la Ley 715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará el valor de los giros efectuados,
discriminando por entidad territorial y por concepto, a la sociedad fiduciaria que administra los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Para los aportes por
concepto de salud deberá tenerse en cuenta en lo pertinente el decreto 2019 de 2000.
ARTÍCULO 11°.- Ajuste de cuantías. Con base en las novedades de personal de la planta
docente reportadas por las entidades territoriales, la sociedad fiduciaria administradora de los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los meses de marzo,
julio y noviembre de cada año, solicitará el ajuste de las cuantías que debe girar el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, para cubrir los aportes de ley a cargo de las entidades territoriales y
de los afiliados al Fondo, de tal manera que con cargo a la misma vigencia fiscal y a más tardar
en el mes de enero del año siguiente, se cubra y gire el total de aportes a favor del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público le
informará a la entidad territorial de los ajustes pertinentes.
PARÁGRAFO 1°.- En todo caso la entidad territorial es responsable de verificar el pago de los
aportes. De no efectuarse el descuento, o ser éste insuficiente para cubrir la obligación de la
entidad territorial, ésta deberá adelantar las acciones necesarias para atender dicha obligación
dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes.
ARTÍCULO 12°. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.
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